Toluca, Méx.- Brindar servicio médico en los hogares y la asignación de una beca salario a estudiantes mexiquenses son objetivos de las iniciativas presentadas por el diputado Juan Zepeda Hernández, a nombre del PRD.
El coordinador de los legisladores perredistas dijo que ambas iniciativas responden a la política de terminar con la desigualdad, retomando principios históricos de bienestar social.
Respecto del servicio médico en hogares, señaló que beneficiaría, entre otros sectores, a pacientes postrados y casos de embarazos cuya atención debe ser inmediata.
La iniciativa para reformar el Código Administrativo del Estado de México fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social.
Para otorgar la beca salario para estudiantes, propuso reformar la Ley de Educación del Estado de México; la propuesta se remitió a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Obligación estatal de conserjería
El diputado Eleazar Centeno Ortiz propuso reformas a la Ley de Educación estatal para establecer la obligación del gobierno estatal de proporcionar el servicio de conserjería en los planteles de educación básica y media superior.
El perredista señaló que este servicio recae en personas que perciben una insuficiente gratificación aportada por los padres de familia, por lo que el objetivo de la iniciativa es garantizar la gratuidad de la educación y mejorar las condiciones de estos trabajadores.
El documento fue turnado a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sanciones a empleados bancarios
Agravar las penalidades por robo a usuarios de instituciones bancarias para quien siendo personal de atención a cuentahabientes participe avisando a los ejecutores del delito, es el objetivo de la iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad propuesta por el diputado panita Víctor Hugo Gálvez Astorga.
La iniciativa señala que “al que siendo empleado de una institución financiera participe en la comisión de este delito, se le impondrán, además de la pena por el robo y de la agravante señalada en el primer párrafo del presente artículo, de tres a cinco años de prisión y de 100 a 300 días multa”.
Recordó que en mayo pasado se reformó este ordenamiento para incrementar la penalidad a quienes cometan el robo a cuentahabientes de instituciones bancarias, pero no se determinan especificaciones concretas para el personal de atención de los bancos, por lo que la propuesta complementa esta reforma.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
